Carta de Acción de Solidaridad contra las clínicas de rehabiltación

por
Comité denuncia actuación de clínicas anti-homosexualidad en el país

Camila Queiroz
Periodista de ADITAL
Adital
En Ecuador, clínicas llamadas «Centro de Rehabilitación” ofrecen servicios de «deshomosexualización” de mujeres lesbianas. Lo que se encuentra en esos lugares son situaciones degradantes, según denuncia el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), en un comunicado difundido el último día 23.
El texto exige el cierre inmediato de los centros, exponiendo los delitos cometidos en esos espacios. «En estas clínicas se practican castigos físicos y psicológicos que van desde la humillación verbal, insultos, obligación de permanecer esposadas, días sin consumir alimentos, palizas, diferentes formas de abuso y violencia, incluidas, aquellas sexuales como la amenaza de violación entre otras”, se relata.
De acuerdo con el Comité, establecimientos de este tipo funcionan desde hace diez años en el país, internando a la fuerza a cientos de mujeres homosexuales, que enfrentaron o enfrentan un tratamiento considerado como tortura por la Convención contra la Tortura, ratificada por Ecuador e incorporada a la constitución nacional. Además, resalta el Comité, el sufrimiento impuesto tiene el objetivo de castigar a las mujeres que asumieron su orientación homoafectiva.
En junio de este año, dos casos más fueron relatados al Taller de Comunicación Mujer: la clínica Cristo Rey, en Machala, y FAITH, en Guayaquil, también en funcionamiento. Antes de ello, el Taller ya había requerido información al Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) y al Ministerio de Salud sobre los establecimientos. Hay 206 clínicas en Ecuador, y sólo 55 se reportan a ambas entidades.
«Las mujeres internadas contra su voluntad en estos centros están siendo lesionadas, agredidas físicamente, produciendo daños mentales y morales que le impiden conservar su estabilidad psicológica y emocional, vulnerando su derecho a la integridad personal, derecho contemplado en la Constitución Política del Ecuador (CPE), Art. 2º”, resalta.
El Estado ecuatoriano es también responsable de estas violaciones, dado que, teniendo conocimiento de los hechos, no actúa para impedirlos, investigar, juzgar y castigar a los responsables. «(…) la indiferencia o inacción del Estado constituye una forma de incitación y/o de autorización de hecho”, señalan, citando al Comité contra la Tortura.
Las clínicas incurren en muchos delitos contra los derechos de las mujeres, sin respeto por los instrumentos internacionales. Por ejemplo, la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción reconocen que la mujer tiene derecho a controlar y decidir libremente sobre su sexualidad, sin ser sometida a la coerción, la discriminación y la violencia.
Frente a este escenario, Cladem exige que el Estado cumpla con los compromisos establecidos en instrumentos internacionales y deje de estar omiso. «Con su inacción está legitimando la discriminación por orientación sexual que cotidianamente se reproduce en la sociedad; en ese sentido, apuesta por una sociedad antidemocrática, contraria al respeto de los derechos humanos de las personas”, critica la Cladem.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

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Golpes con tablas, el uso de esposas de manera continua, baños en tanques de agua helada, fueron entre otros los abusos a los que fue sometido Jonathan (nombre protegido), en el interior de un Centro de Recuperación para Alcohólicos, Drogadictos y personas con Trastornos de Conducta, en Tungurahua.
Jonathan es transexual, tiene 21 años y durante quince meses fue sometido a maltratos físicos y psicológicos con la aprobación de sus familiares.
«El infierno comenzó un 15 de mayo del 2010 cuando a mis padres adoptivos les confesé mi orientación sexual», expresó el joven en una entrevista a EXPRESO. «Ellos (padres) lo tomaron con tranquilidad, pero mi hermana mayor, también adoptada, no quiso entender mi realidad y optó por enviarme a ese lugar valiéndose de todos los medios».
El centro fue clausurado hace un año por mantener en estado de hacinamiento a dieciséis internos; los directivos enfrentan un proceso legal interpuesto por Jonathan.
De las 205 clínicas analizadas por el Ministerio de Salud, según estadísticas del 2010, de la agrupación Mujer a Mujer, 161 (78,54%) no tienen información registrada sobre la condición de los establecimientos, 13 (6,34%) están en malas condiciones, 20 (9,76%) en condiciones regulares y solo 10 (4,88%) en buenas condiciones. Finalmente 1 (0,48%) clínica aparece como clausurada.
«Fue cuando salí de casa que tres tipos, argumentando ser policías, me sometieron y me embarcaron en un vehículo con rumbo desconocido, ninguno me dijo a dónde me llevarían. Pensé que me iban a matar o secuestrar por motivo monetario», manifestó Jonathan mientras trataba de ocultar sus sollozos bajando la mirada.
«Cuando llegamos al centro, dos personas que luego supe, eran el director y el terapeuta, me gritaron y me golpearon diciendo eres repugnante, le estorbas a tu hermana, le insultas a Dios que creó solo al hombre y a la mujer, aquí te vas a curar o si no, no sales», contó.
Los funcionarios del supuesto centro de rehabilitación le entregaron una cobija y lo llevaron a una habitación donde lo esposaron contra la cama diciéndole que no podía hablar.
A las 05:00 del día siguiente, con las esposas en sus muñecas, «me introdujeron de cabeza en el interior de un tanque de agua helada por ocho ocasiones, para que tenga fortaleza, decían. Después me golpearon con una tabla en los glúteos repitiendo que esa era la parte motivadora del tratamiento y enseguida el terapeuta intentó besarme gritándome aquí te vas a curar… Me tiraban basura en el cuerpo diciendo que eso era yo».
El joven se fugó del centro por dos ocasiones, pero su hermana adoptiva lo volvió a internar. Pese al rechazo, Jonathan no le guarda rencor a su familia, pero sí guarda un profundo dolor por el trato inhumano que recibió por el mero hecho de ser como es, «un transexual masculino». Actualmente está acogido al sistema de protección de testigos de la Fiscalía.
Para Elías Burbano, de la agrupación Mujer a Mujer, estas situaciones se siguen dando porque las denuncias a los supuestos centros de ayuda jamás se concretan; solo dos de diez llegan a los tribunales porque la mayoría de faltas son cometidas por familiares. La agencia que promueve los derechos Glbti funciona como un servicio de quejas, donde los afectados se acercan a pedir información sobre los procedimientos a seguir en estos trámites.
«Este año recibimos 400 quejas. Estos casos nacen básicamente en el seno de la familia y ninguna quiere ponerse en contra de sus allegados. No solo recibimos quejas de Guayaquil, a través de las redes sociales nos llegan historias de otras ciudades».
Entre los casos, Burbano recuerda el de Carolina, una joven machaleña que fue secuestrada por sus padres y recluida en una clínica de Guayaquil. En esta ocasión, la agencia solo intervino como intermediaria entre la familia y las autoridades. Burbano manifestó que el trabajo conjunto entre la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía logró de forma efectiva el rescate de la secuestrada.
Luego de haber sido liberada, la joven retiró la denuncia. Hoy después de dos años de haberse suscitado el hecho mantiene una relación afectiva con su familia. El caso quedó en impunidad para el centro, porque no se logró sancionarlo. «No todos los casos se resuelven de la misma manera. Algunas jóvenes deben alejarse de sus familiares porque no los entienden, pero otros logran llegar a acuerdos».
En Quito, Ana Barragán, de la agencia Causana «Acción Lésbica Feminista», cuyo nombre en quichua significa «vivir», comentó que en 2002 recibieron la primera denuncia y junto a otras organizaciones han efectuado movilizaciones en el área judicial para que el Gobierno atienda sus llamados.
«Los casos de las clínicas de rehabilitación en Ecuador los llevamos hasta un tribunal regional en Perú, también se los llevó hasta la Cediul, el órgano consultor de los derechos de la mujer en las Naciones Unidas, quienes llamaron la atención y sentenciaron simbólicamente al Estado ecuatoriano en el 2008 para que tome cartas en el asunto», dijo Barragán.
Desde el 2012 trabajan con el Ministerio de Salud en inspecciones de clínicas y rescate de jóvenes secuestradas. «En este tiempo el mayor logro que hemos tenido es el cambio del reglamento. Ahora se pueden clausurar clínicas por violación a los derechos humanos, antes no. Sin embargo, aún hay algunos vacíos en la ley orgánica».
Johanna Cedeño – cedenoj@granasa.com.ec – Guayaquil y Jaime Marín – Cuenca



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