A pesar de años de trabajo sostenido en la denuncia, la exigencia de justicia y el acompañamiento a sobrevivientes, las amenazas y los intentos de encierro forzado motivados por la orientación sexual continúan ocurriendo. Esto evidencia que dichas prácticas ilegales siguen siendo ofrecidas por seudo «clínicas» y centros de rehabilitación que operan bajo distintos mecanismos de impunidad. También pone en evidencia la deficiente acción estatal para prevenir, investigar y sancionar de manera contundente y definitiva estas graves vulneraciones de derechos humanos.
El miércoles 13 de mayo del presente año, por medio de un mensaje a nuestras redes sociales, una persona nos pedía ayuda: “mi nombre es Yadira, mi familia me tiene encerrada en mi habitación desde hace casi 1 mes porque se enteraron que soy lesbiana, ayer escuché que hablaban de llevarme a internarme en una clínica de rehabilitación, yo no soy adicta a nada, solamente es que a mi familia no le gusta que sea lesbiana y por eso me quieren encerrar por favor ayúdenme”
Inmediatamente activamos el protocolo de acompañamiento correspondiente, estableciendo prioridades como conocer sus datos, sus condiciones físicas y emocionales, antecedentes de violencias, niveles de control de parte de su familia, etc. Durante la conversación, Yadira informó que permanecía encerrada en una habitación desde hacía aproximadamente cuatro semanas, que sus salidas estaban restringidas y que familiares cercanos supervisaban sus movimientos y comunicaciones.
Manifestó además haber escuchado conversaciones relacionadas con su posible internamiento en una clínica de rehabilitación durante los días siguientes.
Luego de la evaluación y precaución de medidas de seguridad y contingencia, se construyó conjuntamente con Yadira un plan de seguridad orientado a disminuir riesgos mientras se desarrollaban las acciones de protección.
Ha sido casi un mes de jornadas intensas de denuncia, de activar mecanismos de protección, comunicaciones con la familia, exigir y agilizar acciones con entes oficiales, rescate de la denunciante, activación de redes de organizaciones de apoyo en temas jurídicos, sico-sociales y comunitarios y acompañamiento permanente a Yadira hasta lograr su estadía en un lugar seguro y en condiciones de cuidados.
Sin embargo, el proceso no concluye allí. Mientras avanzan los procedimientos judiciales y administrativos correspondientes, continuamos acompañándola para que pueda reconstruir su proyecto de vida y ejercer plenamente su derecho a desarrollarse con autonomía, dignidad y tranquilidad, libre de violencia y discriminación.
En los casi 6 primeros meses de este año, hemos atendido 7 casos de ayuda por riesgo de encierro a personas LBTQ+, evidenciando cómo la LBTQ+ fobia sigue manifestándose a través de prácticas de control, aislamiento y violencia ejercidas en espacios públicos y privados. Los intentos de internamiento forzado siguen siendo utilizados como mecanismos de castigo y corrección contra personas LBTQ+, particularmente jóvenes que dependen económica y emocionalmente de sus familias.
Así vemos que el desmantelamiento del Estado y su convergencia con los discursos anti-derechos no son fenómenos abstractos ni debates exclusivamente políticos; tienen consecuencias directas y concretas sobre la vida de las personas. Cuando las instituciones encargadas de prevenir la violencia, proteger derechos y garantizar el acceso a la justicia se debilitan, las poblaciones históricamente discriminadas quedan más expuestas a situaciones de vulneración y desprotección.
En la mayoría de los casos que hemos atendido, encontramos como factor común que la familia tiene acercamientos o es parte de grupos religiosos sean éstos católicos o cristianos; en este contexto, los discursos anti-derechos operan como un mecanismo de legitimación de la violencia y la discriminación. Lo que comienza como una narrativa que deshumaniza o desacredita a ciertos grupos termina impactando en decisiones familiares, comunitarias e institucionales que restringen libertades y ponen en riesgo la integridad de las personas.
Casos como el de Yadira muestran con claridad esta realidad. La amenaza de encierro forzado no surge de manera aislada, sino en un entorno donde persisten ideas que consideran que la orientación sexual puede ser corregida, castigada o sometida a tratamiento. Cuando estas creencias encuentran instituciones debilitadas, respuestas estatales insuficientes o mecanismos de protección limitados, el riesgo para las personas LBTQ+ se incrementa significativamente.
Por ello, la defensa de los derechos humanos requiere no solo enfrentar las expresiones directas de violencia, sino también fortalecer las capacidades del Estado para garantizar protección efectiva, acceso a la justicia y reparación. Del mismo modo, exige disputar los discursos que buscan restringir derechos y promover una sociedad en la que la diversidad sea reconocida como parte fundamental de la democracia y no como una amenaza a combatir.