Una niña en un mundo de prejuicios

¿Dónde está el Estado? En la sala del juzgado cuarto de Garantías Penales, física y filosóficamente, a la derecha. Es día de audiencia en el caso de Nicola Rothon y Helen Bicknell, la pareja de lesbianas que pidió una acción de protección porque el Registro Civil se negó a inscribir con sus apellidos a su hija Satya, de cuatro meses de edad. Los abogados de la Defensoría del Pueblo auspician el caso y se sientan con las demandantes a la izquierda del estrado. Al frente, en fiera y singular batalla contra el neoconstitucionalismo y los derechos de las minorías, los juristas de la Procuraduría y del Registro Civil: siete en total, incluyendo algún representante de los grupos católicos fundamentalistas autodenominados «pro vida» y «pro familia», con un ostensible crucifijo sobre el pecho.

Nicola y Helen, inglesas, son pareja desde hace catorce años y viven en el Ecuador desde hace cinco. Decidieron formar familia porque leyeron la Constitución de Montecristi y se la creyeron toda, incluyendo aquello de que el Ecuador es un Estado laico y eso otro de «se reconoce la familia en sus diversos tipos». Nicola recurrió a la inseminación artificial y dio a luz a Satya, la niña de cara redondita y rosa con gorrito a rayas que las dos mujeres cargan por turnos en el estrado. «Queremos que Satya tenga toda la protección que merece», empiezan diciendo al juez Vicente Altamirano. «Somos una familia».

¡No lo son!, niega el Estado. Al abogado de la Procuraduría, Bernardo Crespo, le irrita el espectáculo que tiene al frente: dos mujeres desempeñando los papeles de padre y madre. No lo puede evitar: por momentos se desgañita y se retuerce, sacudiendo el dedo. «¡La familia homosexual por naturaleza no existe porque esa es una relación estéril! ¡Infecunda!», clama al cielo. ¿Se quejan de trato desigual? «¡Pero sí son ellas las que están proponiendo una desigualdad! ¡Ellas!», y las señala con el índice furibundo. «¡Quieren ser las únicas con derecho a ser dos madres para una niña! ¡Las únicas! ¡Un privilegio!», enronquece de indignación moral y clava enérgicamente el mismo dedo contra la pared, tres o cuatro veces con riesgo de rompérselo: toc, toc, toc.

Crespo había llegado temprano y con barra propia: un grupo selecto de sus estudiantes de Derecho que lo aplaude con decisión tras cada una de sus intervenciones. Son formalísimos y recién rasurados jóvenes de traje oscuro, corbata vistosa y cabellos cortos meticulosamente peinados: pasarían por miembros de un mismo club. Ocupan la mitad derecha de las cuarenta sillas que caben apretadas en la pequeña sala de audiencias y se mezclan de manera indiferenciada con funcionarios del Registro Civil y fundamentalistas católicos.

La otra mitad de la sala está ocupada por amigos de las mujeres, incluida la asambleísta María Paula Romo. Los seguidores de ambos se distinguen a primera vista, basta con fijarse quién viste de algodón y mezclilla y quién de casimir y seda; quién de traje y quién de pollera; quién de gris y quién de fucsia.

La audiencia arranca con una expulsión: la del fundamentalista católico Alfredo Barragán Molina del estrado. Con naturalidad se ha sentado, luciendo su enorme crucifijo, entre los abogados del Estado, que al parecer lo aceptan como un miembro más del equipo. Cuando Nicola Rothon lo identifica, pone los ojos como platos y habla con sus abogados. No resulta difícil hacerlo salir de ahí por disposición del juez. Crespo lo ve partir de su lado, pero no protesta.

Dos horas dura el intercambio de argumentos jurídicos entre las partes. La tesis de los abogados Patricio Benalcázar y Carla Patiño, de la Defensoría del pueblo, es clara y contundente: el Registro Civil se ha negado a inscribir a esta niña como parte de una familia legítimamente constituida y, al hacerlo, la está privando de su derecho a una identidad. Dicha privación proviene de un discrimen, pues no ocurriría si sus padres fueran heterosexuales. Es obligación del juez hacer valer los principios constitucionales y ordenar la inscripción de la niña.

Parece bastante simple, pero nada lo es si hay abogados de por medio. Y cuando toma la palabra el del Registro Civil, Fausto Flores, uno corre el riesgo de olvidar que el caso trata de dos mujeres y una niña, tan enterradas quedan las tres bajo el peso de farragosas explicaciones teóricas.

Habla Flores en plan magíster y mueve las manos como si trazara cuadros sinópticos en el aire. Aborda el neoconstitucionalismo en sus facetas a) ideológica o filosófica; b) metodológica; c) teórica. Considera enseguida una teoría del Derecho que contemple: a) valores; b) principios y c) reglas; siendo los primeros: jurídicos, políticos y morales; los segundos: derechos, garantías y libertades; y las terceras: textos jurídicos en general. Expone detalladamente la teoría del contenido esencial, en la que se distingue: a) el contenido esencial propiamente dicho; b), el contenido periférico, y c), el borde exterior; siendo el primero: un valor; el segundo: garantías y sujetos; el tercero: solemnidades y procedimientos.

Y sobre todo no olvidar, dice, que «las modernas teorías apelan a la realidad más que al derecho».

Nicola Rothon, Helen Bicknell y la pequeña Satya (es decir, cabalmente, la realidad) juegan a hacer pucheros. Hace rato que las dos mujeres, cuyo idioma español alcanza para la vida cotidiana, pero no para leer la Fenomenología del Espíritu, dejaron de escucharlo. No se pierden nada, pues al cabo de veinte minutos de complicadas elucubraciones de este tenor, la montaña termina pariendo un ratoncito: todo se resuelve en que «el caso está mal planteado».

Si a Flores la realidad se le va de las manos, a Crespo le da por negarla directamente. Pide que se nombre un tutor para la criatura, como si se tratara de un juicio de divorcio, pues «no hay nadie aquí que represente los intereses de la menor», dice, como si su mamá estuviera pintada. En nombre de los derechos de la niña desconoce los de su familia. Apela al principio de consanguinidad y certifica que Helen Bicknell no es nada para la niña: «sangre de mi sangre», pronuncia con voz temblorosa, como si los principios y valores de la familia que le inculcaron a él a mediados del siglo pasado fueran obligatorios para todos. Bajo el mismo criterio llama «madre soltera» a Nicola, que mantiene una pareja estable durante más años que el promedio de matrimonios heterosexuales en esta década.

En el pasaje más dramático de su intervención aspira profundo, como si se insuflara del espíritu de Teodosio, y proclama: «¡Dura lex, sed lex!». Finalmente invoca al rey Salomón, que sabía perfectamente lo que se debe hacer cuando aparecen dos madres para una sola niña. Así con el abogado del Estado laico. Los defensores del Pueblo están sinceramente escandalizados de semejante exhibición. Ni siquiera los fundamentalistas católicos que se manifiestan desde temprano resultan tan violentos.

Afuera, frente al Palacio de Justicia, como se llama con generosidad a este inmueble desvencijado, disfuncional y demodé ubicado junto a la Asamblea, los seguidores de ambas partes esperan por los resultados de la audiencia. A un extremo y otro de la escalera de acceso al edificio manifestantes proderechos de las minorías sexuales y fundamentalistas católicos exhiben sus carteles. Unos dicen: «No se puede limitar el amor», «Ante violencia moralista, reacción feminista», «No al Estado falocrático», «Es hora de que se familiaricen con la realidad». Y los otros: «No puede haber dos mamás para una niña». «Respeto a nuestra soberanía cultural y jurídica». «No al imperialismo extranjero de agendas de homosexuales que nada tienen que ver con la realidad de la familia en Ecuador».

Se refieren, por supuesto, a la familia heterosexual en el Ecuador, uno de cuyos ejemplos aparece retratado, por significativa casualidad, a pocos metros de ahí, en la vereda de enfrente: «Esta es nuestra familia Aldaz», se puede leer en una colorida gigantografía, junto a los intimidantes rostros de cinco procesados por asociación para delinquir. Son los presuntos miembros del tristemente célebre clan mafioso quiteño de Mama Lucha, que este día tienen su propia audiencia en el mismo edificio: «No somos una banda, somos una familia unida». Ninguno de los manifestantes da muestras de captar la ironía.

El abogado del Estado laico termina invocando el espíritu del bíblico rey Salomón. Él sabía perfectamente lo que se debe hacer cuando aparecen dos madres para una niña.